DIP. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO PRESENTE.

MIRIAM TINOCO SOTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de mis derechos y atribuciones, con fundamento en los artículos 34, 36 fracción II, y 44, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y en los artículos 8, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, presento a este Honorable Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El tema de cuanto afecta la corrupción a un país, cuanto lo degrada o cuanto lo empobrece, comienza a ser relevante a nivel internacional en la década de los 90, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 o los esfuerzos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que impulsó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o Convención de Mérida, a principios de este siglo, o su mecanismo de implementación de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; destacan también iniciativas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, el tema de la corrupción en la dimensión del derecho internacional comienza a desarrollarse, fuera de los círculos académicos y especializados, previo a la reforma constitucional de 2015, las y los mexicanos, aunque ya lo sabíamos, comenzamos a escuchar como parte del discurso público cada vez más frecuentemente que la corrupción es un fenómeno capaz de afectar tanto el ámbito político, como económico y social de una nación; de socavar la legitimidad de las instituciones públicas, además de atentar contra el Estado de derecho; se hizo eco en que, de acuerdo a Transparencia Internacional, México es un país altamente corrupto, apenas superado en el ámbito latinoamericano por Venezuela, y al nivel de países africanos con escasa consolidación institucional, en donde algunos de estos, como Malí, incluso son mejor evaluados que nuestro país, o que en el Índice de Competitividad Internacional 2017 somos colocados en el lugar 36 de 43 países evaluados, señalando el informe la preocupación en el aumento de la violencia y la corrupción en México, o que en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos. Sin embargo el porcentaje de población preocupada por este fenómeno escaló de 50.9% en 2015 a 56.7%.
Es decir, tanto los resultados, como la percepción, en materia de combate a la corrupción son peores que los anteriores a la reforma constitucional de 2015, y es entendible, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objetivo crear y coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno que sean competentes en la prevención, atención y sanción de las responsabilidades administrativas, delitos o responsabilidad civil que deriven de conductas o prácticas corruptas, así como fiscalizar y, sobre todo, ejercer control y transparencia sobre el uso de los recursos públicos. El Sistema está en proceso de creación, tanto a nivel federal como estatal o incluso municipal.

El proceso de armonización, implementación o de las designaciones de sus operadores jurídicos es variado, surge a partir de la Federación y a su imagen y semejanza, pero en este entramado legal e institucional, que ello conlleva a las entidades federativas, tenemos también desarrollos distintos, por ejemplo Auditorías Superiores no autónomas, Contralorías Municipales aún sujetas al Presidente Municipal o Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal sin presupuesto, por citar ejemplos. El panorama anterior es entendible dado el subdesarrollo institucional, pero no aceptable; los estados tenemos la obligación de fortalecer primero las instituciones fiscalizadoras y sancionadoras y, a la vez, implementar el Sistema, convertir sus postulados y sus procedimientos en una realidad tangible y asequible.

Existen debates sobre sí el modelo fue o es el mejor, lo cierto es que el Estado Mexicano lo vino planteando desde hace más de 10 años, desde la Convención de Mérida, Yucatán, y fue delineándose hasta la reforma de 2015, con la participación de organismos públicos gubernamentales, de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización, (ASOFIS), de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, del Instituto Mexicano de la Competitividad, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Transparencia Mexicana, y cientos, probablemente miles de mexicanas y mexicanos, no sólo desde los foros, sino incluso desde la denuncia y la indignación; es claro que podría discutirse el modelo, y seguramente lo haremos en los años siguientes, es parte de la agenda política actual de todas y todos los actores políticos, pero también es claro que es la gran apuesta del estado mexicano, la más acabada, la más consensada, hacia adentro y hacia fuera del poder público por su integralidad. Si bien la realidad de un Congreso bicameral y las 32 legislaturas estatales son sumamente distintas, como sus composiciones, presupuestos, y profesionalización, la realidad es que la vocación de la reforma consiste en que funcione de la misma forma a nivel federal y local, de igual manera de Baja California a Yucatán.
Por ello no podemos permitirnos leyes a modo, su implementación implica la participación del Estado en su totalidad, Transparencia Mexicana ha considerado que la reforma Constitucional de Michoacán en la materia es apenas regular, al igual que la Ley del Sistema Estatal, que apenas se cumple, alrededor del 80 por ciento de los ejes torales de la reforma de la Constitución General, y de la Ley Modelo propuesta por el Organismo; a su vez la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ha considerado en su estudio “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción” que Michoacán es una de 17 entidades que no cumple plenamente con los objetivos de la mencionada Ley en temas como mecanismos de coordinación, emisión de políticas integrales, directrices para la generación de políticas, organización y funcionamiento del sistema, entre otras; y es una de 20 entidades que no cuenta con la integración del Sistema de Fiscalización, es más, ni siquiera se encuentra en nuestra Ley.

La presente iniciativa pretende revisar y poner a consideración de esta Septuagésima Cuarta Legislatura, así como en el debate público 20 artículos de la mencionada ley, sobre temas como la revisión de la integración del Sistema Estatal, que el nombramiento del Secretario Técnico del Sistema sea consistente con el modelo nacional destacándose que se omitió se la prohibición de haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, crear y/o precisar las obligaciones de la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de la Contraloría, crear un Sistema Estatal de Fiscalización, incluyendo a los Ayuntamientos del Estado, precisar las Facultades del Comité Coordinador, en materia de coordinación y cooperación con instancias nacionales e internacionales sobre todo, tratándose de autoridades financieras y fiscales que faciliten la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción, en los que estén involucrados flujos de recursos económicos, fortaleciendo los mecanismos de coordinación local sobre todo hacia los ayuntamientos.

CONSIDERACIONES
Por tanto, se presenta a continuación el texto propuesto en comparación con el texto vigente.

TITULO O CAPITULO. TEXTO VIGENTE.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ADICIÓN O
REFORMA.
TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y de procedimiento, para garantizar que los Órganos del Estado cuenten con un Sistema Estatal que prevenga, investigue y sancione las faltas administrativas, los actos y hechos de corrupción Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio del Estado de Michoacán, conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y tiene por objeto establecer las bases y principios generales y de procedimiento que garanticen la participación de los órganos Estatales y Municipales en el Sistema Estatal anticorrupción, en relación con el sistema nacional anticorrupción, mediante la rendición de cuentas transparentes, mediante la prevención, investigación y aplicación de sanciones de las faltas relacionadas con actos y hechos de corrupción graves como no graves, en el ejercicio del servicio público.

TÍTULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO I
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Artículo 6. Las políticas públicas que establezca el Comité deberán ser implementadas por todos los Órganos del Estado; la Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.

Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por:
I. El Comité; y,
II. El Comité de Participación Ciudadana.

TÍTULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO I
DEL OBJETIVO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

Artículo 6. El Sistema Estatal anticorrupción, tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, graves y no graves, así como hechos de corrupción, relacionados con la fiscalización y control de recursos públicos.

Las políticas públicas que establezca el Comité deberán ser implementadas por todos los Órganos del Estado; la Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas

Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por:
I. El Comité Coordinador.
II. El Consejo de Participación Ciudadana.
III. El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.
IV. Los órganos de Control Interno de los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes.

CAPITULO II
DEL COMITÉ.

Capitulo II
Del Comité.
Artículo 8. El Comité es la instancia administrativa, encargada de la coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Estatal en su conjunto y tendrá las siguientes facultades: I. Elaborar su programa de trabajo anual, en el mes de noviembre del año anterior al ejercicio que corresponda el programa; II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; III. Diseñar, aprobar y promover las políticas públicas en la materia que corresponda, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación; IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que someta a consideración la Secretaría Ejecutiva; V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales; VI. Requerir información a los Órganos del Estado respecto del cumplimiento de las políticas públicas implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos; VII. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; VIII. Publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo un informe anual que contenga los avances y resultados de las funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Dicho Informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del Informe; IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los Órganos del Estado y darles seguimiento en términos de esta Ley; X. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre las materias relacionadas con el Sistema Estatal generen los Órganos del Estado; XI. Proporcionar datos e información a la Plataforma Digital Estatal para su manejo; XII. Promover y celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal; XIII. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Estatal; XIV. Recibir y canalizar a través de la Secretaría Ejecutiva las denuncias ciudadanas en materia anticorrupción; y, XV. Las demás señaladas por esta Ley

Capitulo II.
Del Comité Coordinador.
8.- Es la instancia administrativa, encargada de la coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Estatal en su conjunto y de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, incluyendo los Ayuntamientos y de éste con el Sistema Nacional Anticorrupción, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas locales de prevención y combate a la corrupción.

8 BIS.- –
I. La elaboración de su programa de trabajo anual, a más tardar el mes de noviembre del año anterior; II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes. III. La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva. V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales. VI. Requerir información a los Entes Públicos, respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos. VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual. IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas, y darles el seguimiento correspondiente, a efecto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno. X. Establecer mecanismos de coordinación con los Ayuntamientos, en el Plan de Trabajo referido en la fracción l. XI. Establecer los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los Entes Públicos. XII. Establecer un Sistema Electrónico Estatal que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso al mismo, y para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas. XIII. Retroalimentar a la Plataforma Digital Nacional, a que refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal Anticorrupción. XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos Internos de Control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos. XVI. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con el Sistema Electrónico Estatal. XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación a nivel nacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas, para colaborar en el combate del fenómeno; y, en su caso, compartir las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción. XIX. Recibir y canalizar a través de la Secretaría Ejecutiva las denuncias ciudadanas en materia anticorrupción; y, XX. Las demás señaladas por esta Ley.

CAPÍTULO IV SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL SECCIÓN I ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN III SECRETARIO TÉCNICO

Artículo 36. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:
Vlll. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; y,

IX. No ser Secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna Entidad Federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública Federal o Estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo un año antes al día de su designación.

SECCIÓN III SECRETARIO TÉCNICO

Artículo 36. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:
Vlll. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; y,
lX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y
X. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia del Estado, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

TÍTULO TERCERO
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN TITULO TERCERO.
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN.

NO EXISTE SE CREARÍA UN CAPÍTULO ADICIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN TITULO TERCERO.
DEL COMITÉ ESTATAL DE FISCALIZACIÓN Y DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN.

CAPITULO I.
DEL COMITÉ ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
Artículo 43.- El Sistema Estatal de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, propuestas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Local: I.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado; II.- La Contraloría del Ejecutivo Estatal, III. La Contraloría del Poder Legislativo, IV. La Contraloría del Poder Judicial y V.- Las Contralorías Municipales, o en su defecto sus órganos encargados del control interno, de conformidad con sus disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos.

Artículo 44.- Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el artículo anterior los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización deberán:
I.- Crear un sistema electrónico afín a la Plataforma Digital Estatal, que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos locales y municipales.
II.- Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales, locales y municipales.
Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema Estatal de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos locales y municipales.
Artículo 45.- El Sistema Estatal de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por los titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la Contraloría del Estado y siete miembros rotatorios de las contralorías Municipales, o en su defecto sus órganos encargados del control interno, de conformidad con sus disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos, que serán elegidos por periodos de dos años, por consenso de la propia Contraloría del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
El Comité Rector será presidido de manera rotativa cada año, por el Auditor Superior del Estado y el titular de la Contraloría del Estado;
Artículo 46.- Para el ejercicio de las competencias del Sistema Estatal de Fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones:
I.- El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia;
II.- La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del
Sistema Estatal de Fiscalización; y
III.- La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control
de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias.

Artículo 47.- El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización podrá invitar a participar en sus actividades específicas, a los órganos internos de control, así como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos.

Artículo 48.- Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.
Asimismo, el Sistema Estatal de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo.

Artículo 49.- Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora institucional en materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los códigos de ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.

Para tal fin, el Sistema Estatal de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.

Artículo 50.- El Sistema Estatal de Fiscalización propiciará el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones.

Artículo 51.- Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones:
I.- Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;
II.- Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, y
III.- Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Artículo 52.- Para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Fiscalización, sus integrantes atenderán las siguientes directrices:
I.- La coordinación del trabajo efectivo;
II.- El fortalecimiento institucional;
III.- Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un
ambiente de profesionalismo y transparencia;
IV.- Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y
V.- Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, privilegiando el principio de máxima publicidad en los resultados de la fiscalización.
Corresponderá al Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización emitir las disposiciones que regulen su funcionamiento.
Artículo 53.- Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sean necesarios, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. Para ello, podrán valerse de los medios de digitales y de presencia virtual que consideren pertinentes.

TÍTULO TERCERO
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN TITULO TERCERO.
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN.

Artículo 43. La Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización.
Artículo 44. Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado tendrán las siguientes atribuciones: I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener autonomía e independencia en su función de fiscalización, frente a los Poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión; II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización; III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización; IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para auditores e investigadores que desarrollen nuevas formas de fiscalización; VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción; y, VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Artículo 45. Para que la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado contribuyan con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán las siguientes directrices: I. La coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, a fin de evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización; y, IV. Seguir las normas que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emita para su funcionamiento.
Artículo 46. La Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado, atenderán a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteadas en la presente Ley y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, podrá valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes.
TITULO TERCERO.
CAPITULO II

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN.

Artículo 54. La Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización.
Artículo 55. Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado tendrán las siguientes atribuciones: I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener autonomía e independencia en su función de fiscalización, frente a los Poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión; II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización; III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización; IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada; V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para auditores e investigadores que desarrollen nuevas formas de fiscalización; VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción; y, VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Artículo 56. Para que la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado contribuyan con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán las siguientes directrices: I. La coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, a fin de evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos; III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización; y, IV. Seguir las normas que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emita para su funcionamiento.
Artículo 57. La Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado, atenderán a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteadas en la presente Ley y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, podrá valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes.

TÍTULO CUARTO PLATAFORMA DIGITAL

TÍTULO CUARTO
PLATAFORMA DIGITAL
Artículo 47. El Comité implementará la Plataforma Digital Estatal, con apego a los lineamientos señalados por la federación, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. El Comité será el responsable de proporcionar la información necesaria al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para que sea integrada a la Plataforma Digital Nacional. La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.

TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN Y SU PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL

El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios, dando cumplimiento a las bases y lineamientos que emita, en su caso, el Comité Coordinador.

El Sistema Estatal de Información será receptor e integrador de la información que las autoridades integrantes del Sistema Estatal incorporen para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional conforme a los lineamientos, estándares y políticas que le dicte el Comité Coordinador Nacional.

La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.

Para tal efecto, el Secretario Técnico del Sistema Estatal promoverá la administración y publicación de la información en formato de datos abiertos, en todas aquellas dependencias y entidades estatales que deban brindarle información, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable.

Asimismo, estará facultado para establecer formatos, criterios, políticas y protocolos de gestión de la información para que los Entes públicos del Estado que tengan a su disposición información, datos o documentos que sean objeto de cumplimiento de las obligaciones que marca esta Ley y los ordenamientos que de ésta emanen, o sean pertinentes para la Plataforma Digital Estatal.

En todos los casos, los formatos, criterios, políticas y protocolos que para efectos de la recepción y gestión de información integre el Sistema Estatal, deberán sujetarse a los lineamientos que para dichos efectos emita el Sistema Nacional a través de las instancias facultadas para ello, sin detrimento de la innovación en los procesos que el Estado pueda desarrollar por encima de los estándares nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, al tenor del siguiente:

DECRETO
Artículo Único. Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:
“LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO”
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio del Estado de Michoacán, conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y tiene por objeto establecer las bases y principios generales y de procedimiento que garanticen la participación de los órganos Estatales y Municipales en el Sistema Estatal anticorrupción, en relación con el sistema nacional anticorrupción, mediante la rendición de cuentas transparentes, mediante la prevención, investigación y aplicación de sanciones de las faltas relacionadas con actos y hechos de corrupción graves como no graves, en el ejercicio del servicio público.
Artículo 2.…

TÍTULO SEGUNDO
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO I
DEL OBJETIVO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Artículo 6. El Sistema Estatal anticorrupción, tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, graves y no graves, así como hechos de corrupción, relacionados con la fiscalización y control de recursos públicos.
Las políticas públicas que establezca el Comité deberán ser implementadas por todos los Órganos del Estado; la Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas

Artículo 7. El Sistema Estatal se integra por:
I. El Comité Coordinador.
II. El Consejo de Participación Ciudadana.
III. El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.
IV. Los órganos de Control Interno de los Municipios, quienes concurrirán a través de sus representantes.

CAPITULO II
Del Comité Coordinador.
Artículo 8. Es la instancia administrativa, encargada de la coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Estatal en su conjunto y de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, incluyendo los Ayuntamientos y de éste con el Sistema Nacional Anticorrupción, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas locales de prevención y combate a la corrupción.

8 BIS.
I. La elaboración de su programa de trabajo anual, a más tardar el mes de noviembre del año anterior;
II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes.
III. La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva.
V. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales.
VI. Requerir información a los Entes Públicos, respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos.
VII. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
VIII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual.
IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas, y darles el seguimiento correspondiente, a efecto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno.
X. Establecer mecanismos de coordinación con los Ayuntamientos, en el Plan de Trabajo referido en la fracción l.
XI. Establecer los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los Entes Públicos.
XII. Establecer un Sistema Electrónico Estatal que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso al mismo, y para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas.
XIII. Retroalimentar a la Plataforma Digital Nacional, a que refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal Anticorrupción.
XV. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos Internos de Control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos.
XVI. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con el Sistema Electrónico Estatal.
XVII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación a nivel nacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas, para colaborar en el combate del fenómeno; y, en su caso, compartir las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción.
XIX. Recibir y canalizar a través de la Secretaría Ejecutiva las denuncias ciudadanas en materia anticorrupción; y,
XX. Las demás señaladas por esta Ley.

SECCIÓN III
SECRETARIO TÉCNICO
Artículo 35. …
Artículo 36. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:
I. …
Vlll. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; y,
lX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y
X. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia del Estado, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

TITULO TERCERO
DEL COMITÉ ESTATAL DE FISCALIZACIÓN Y DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
CAPITULO I
DEL COMITÉ ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
Artículo 43.- El Sistema Estatal de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de información, propuestas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Local:
I.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado;
II.- La Contraloría del Ejecutivo Estatal, y
III.- Las Contralorías Municipales, o en su defecto sus órganos encargados del control interno, de conformidad con sus disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos.
Artículo 44.- Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el artículo anterior los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización deberán:
I.- Crear un sistema electrónico afín a la Plataforma Digital Estatal, que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos locales y municipales.
II.- Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales, locales y municipales.
Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema Estatal de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos locales y municipales.
Artículo 45.- El Sistema Estatal de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por los titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la Contraloría del Estado y siete miembros rotatorios de las contralorías Municipales, o en su defecto sus órganos encargados del control interno, de conformidad con sus disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos, que serán elegidos por periodos de dos años, por consenso de la propia Contraloría del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
El Comité Rector será presidido de manera rotativa cada año, por el Auditor Superior del Estado y el titular de la Contraloría del Estado;
Artículo 46.- Para el ejercicio de las competencias del Sistema Estatal de Fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones:
I.- El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia;
II.- La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del
Sistema Estatal de Fiscalización; y
III.- La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias.
Artículo 47.- El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización podrá invitar a participar en sus actividades específicas, a los órganos internos de control, así como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos.
Artículo 48.- Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.
Asimismo, el Sistema Estatal de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo.
Artículo 49.- Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora institucional en materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los códigos de ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.
Para tal fin, el Sistema Estatal de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.
Artículo 50.- El Sistema Estatal de Fiscalización propiciará el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones.
Artículo 51.- Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones:
I.- Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;
II.- Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, y
III.- Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Artículo 52.- Para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Fiscalización, sus integrantes atenderán las siguientes directrices:
I.- La coordinación del trabajo efectivo;
II.- El fortalecimiento institucional;
III.- Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un
ambiente de profesionalismo y transparencia;
IV.- Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y
V.- Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, privilegiando el principio de máxima publicidad en los resultados de la fiscalización.
Corresponderá al Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización emitir las disposiciones que regulen su funcionamiento.
Artículo 53.- Los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sean necesarios, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. Para ello, podrán valerse de los medios de digitales y de presencia virtual que consideren pertinentes.
CAPITULO II

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN.

Artículo 54. La Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización.
Artículo 55. Como miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado tendrán las siguientes atribuciones:
I. Establecer todas las medidas necesarias para mantener autonomía e independencia en su función de fiscalización, frente a los Poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión;
II. Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización;
III. Implementar las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización;
IV. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;
V. Establecer programas permanentes de creación de capacidades para auditores e investigadores que desarrollen nuevas formas de fiscalización;
VI. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción; y,
VII. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Artículo 56. Para que la Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado contribuyan con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, atenderán las siguientes directrices:
I. La coordinación de trabajo efectiva, fortalecimiento institucional, a fin de evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia;
II. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos;
III. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización; y,
IV. Seguir las normas que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emita para su funcionamiento.
Artículo 57. La Auditoría Superior de Michoacán y la Secretaría de Contraloría en el Estado, atenderán a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteadas en la presente Ley y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para ello, podrá valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes.

TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN Y SU PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL

Artículo 58. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios, dando cumplimiento a las bases y lineamientos que emita, en su caso, el Comité Coordinador.
Artículo 59. El Sistema Estatal de Información será receptor e integrador de la información que las autoridades integrantes del Sistema Estatal incorporen para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional conforme a los lineamientos, estándares y políticas que le dicte el Comité Coordinador Nacional.
Artículo 60. La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.
Para tal efecto, el Secretario Técnico del Sistema Estatal promoverá la administración y publicación de la información en formato de datos abiertos, en todas aquellas dependencias y entidades estatales que deban brindarle información, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable.
Asimismo, estará facultado para establecer formatos, criterios, políticas y protocolos de gestión de la información para que los Entes públicos del Estado que tengan a su disposición información, datos o documentos que sean objeto de cumplimiento de las obligaciones que marca esta Ley y los ordenamientos que de ésta emanen, o sean pertinentes para la Plataforma Digital Estatal.
En todos los casos, los formatos, criterios, políticas y protocolos que para efectos de la recepción y gestión de información integre el Sistema Estatal, deberán sujetarse a los lineamientos que para dichos efectos emita el Sistema Nacional a través de las instancias facultadas para ello, sin detrimento de la innovación en los procesos que el Estado pueda desarrollar por encima de los estándares nacionales.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2018.

Diputada
Miriam Tinoco Soto.